Política

33 años del 11-S latinoamericano

Por Causa Popular.-  

 

Mucho antes que las Torres Gemelas se derrumbaran en Nueva York producto de una sangrienta campaña imperial en Oriente Medio, América Latina sufrió en carne propia un zarpazo en la misma fecha, pero mucho antes. El 11 de septiembre de 1973 el Ejército Chileno abortaba con fuerza criminal la experiencia socialista del gobierno de la Unidad Popular, que implicó la muerte del Presidente Salvador Allende y de miles de chilenos. Se cumplen 33 años de una experiencia inédita que significó el oscuro preludio de lo que seguiría haciendo Estados Unidos en el resto de América Latina. En este informe, una recorrida por los mil días de gobierno socialista en Chile.

 

Unidad Popular para un Gobierno Popular

 

Era la consigna central y el imperativo básico que unió y movilizó a todos los sectores de izquierda y progresistas en el año 69 en Chile. Un amplio movimiento cultural se sumó a la campaña aportando creatividad y entusiasmo. Surgieron las brigadas muralistas, de teatro, canto y las más variadas expresiones del arte que participaron activamente en la campaña.

 

La juventud, mayoritariamente asumió una posición de avanzada. Como decía Allende, "Ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción casi biológica”.

 

La elaboración del programa de gobierno de la Unidad Popular quedó plasmado en el plan de las cuarenta medidas.

 

El 22 de Enero de 1970, la Unidad Popular proclamó como candidato único a la presidencia a Salvador Allende. Todo el tiempo y las fuerzas dedicadas a la campaña, reuniones, mítines, salidas casa por casa, preparación de lienzos y pinturas. Fue un quehacer permanente, que creció en intensidad a medida que se acercaba el 4 de Septiembre de ese año, día de las elecciones.

 

Para cerrar la campaña en Santiago se realizó una gran concentración en la Alameda (Avenida principal), con grandes marchas que convergían desde los cuatro puntos cardinales.

 

La Alameda era prácticamente un mar humano, desde Plaza Italia hasta Estación Central y también las calles aledañas.

 

Hasta que llegó la noche del 4 de Septiembre de 1970 y Ganó el Chicho.

El primer intento fascista por detener la asunción de Allende al gobierno fue el asesinato del General René Schneider, hasta ese momento Comandante en Jefe del Ejército, un día antes de que se decidiera su mayoría en el Congreso. Fue ejecutado por un comando derechista que dirigía el general Roberto Vioux e inducido por los norteamericanos a fines de Octubre.

 

El 22 de octubre, día de la votación en el Congreso, fue tenso. Voto a voto de los parlamentarios se fue esclareciendo la ratificación de las elecciones del 4 de Septiembre.

 

Los resultados fueron 153 a favor de Salvador Allende, 35 en contra y 7 abstenciones. El pueblo lo celebró con alegría en todo el país.

Salvador Allende es el primer presidente marxista en la historia de la humanidad que llega al gobierno por las propias reglas institucionales del sistema burgués.

 

El Gobierno Popular

 

Y comenzó la historia del intento inédito, de avanzar en la construcción del Socialismo por la vía no armada. Se reanudaron las relaciones diplomáticas con todos los países socialistas. Especial significación tuvo el restablecimiento de las relaciones con Cuba que ayudaba a romper el injusto bloqueo impuesto a la isla por EE.UU.

 

Se profundizó la Reforma Agraria, con la expropiación de tierras. El Gobierno Popular puso fin al latifundio en 1972. Se inició la nacionalización del cobre que culminó con la votación favorable en el Congreso, incluso de los partidos de la Derecha, que a su vez indicaba lo justo de esa reivindicación histórica.

 

Comenzó la creación de la llamada área de propiedad social de la economía, con la expropiación, o más bien la compra por parte del estado de las 100 principales empresas. También se nacionalizó la Banca privada, asestando un duro golpe a la oligarquía financiera. Este conjunto de medidas estructurales, revolucionaron al país.

La reacción fue brutal, se inició un bloqueo económico internacional por parte de EE.UU. con el congelamiento de las ventas del cobre en el exterior, mientras que en Chile, la reacción implementó el sabotaje interno, el acaparamiento de mercaderías, insumos y repuestos. Las campañas de prensa de desprestigio, los llamados y presiones de la derecha y el imperio a las FF.AA. para que asestaran un golpe de estado fueron cada día de mayor intensidad.

 

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la UP obtuvo el 45% de los votos. Se hundió el tinglado urdido durante la campaña electoral por la oposición de derecha DC-PN que pretendía obtener los dos tercios en las cámaras para decretar la ilegitimidad del Gobierno de Allende.

 

No les quedaba otra opción que recurrir el golpe militar. Hicieron un intento en Junio del 73, el "Tanquetazo" que fracasó. Pero fue una demostración de a qué estaban dispuestos y también de la incapacidad de contrarrestar un golpe sin tener armas para defender al Gobierno Popular.

 

La intentona golpista fue el acicate para los "momios" de continuar con la subversión, el terror y todo tipo de maniobras desestabilizadoras.

 

El 29 de julio asesinaron al edecán de Allende, el comandante Araya Peters. Siguieron las presiones a los uniformados leales al Gobierno. Las mujeres de oficiales coludidas con las derechistas, hicieron una manifestación a Carlos Prats, Comandante en Jefe del Ejército. Al no recibir solidaridad de sus pares, en un gesto de dignidad personal, renunció. - El general Prats fue asesinado en Buenos Aires- Ver nota relacionada- Asumió el 22 de Agosto como nuevo comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet.

 

El Congreso, con mayoría demo-derechista, aprobó un voto que planteó la inconstitucionalidad del Gobierno Popular. Ello les otorgó a los golpistas la legitimidad para el golpe de Estado.

La última manifestación de masas de la UP se realizó el 4 de Septiembre de 1973, al cumplirse tres años del triunfo electoral. Fue una maciza demostración de respaldo de los sectores populares con más de un millón de manifestantes.

 

Diversas columnas de trabajadores, estudiantes y pueblo en general marcharon frente al Palacio Presidencial "Apoyar, apoyar al Gobierno popular" era la consigna que con más fuerza resonó en las calles de Santiago en ese día. La derecha y la DC minimizaron esa manifestación y siguieron con más fuerza su campaña de desestabilización del Gobierno Popular.

 

El 11 de septiembre de 1973

 

En principio el golpe estaba planificado para el 15 ó 16 de septiembre con el fin de camuflar su preparación con la movilización de tropas de la tradicional parada militar del 19 de septiembre, se anticipó para el día 11. La reacción no podía permitir que Allende lanzara la convocatoria a un plebiscito nacional para dirimir la situación en la Universidad Técnica el día 11. Por ello los confabulados rápidamente se concertaron para adelantar la realización del golpe. El "Tanquetazo" les había servido de experiencia para el golpe definitivo. Tenía que ser rápido y cruento desde el inicio. Había que bombardear la Moneda si no se rendían antes.

 

El golpe comenzó de madrugada, con el alzamiento de la Armada. Luego se desencadenó en todo el territorio y en todas las direcciones una vorágine incontenible de golpes de mano del Ejército, la Armada, la Aviación y también Carabineros. Lo tenían todo planificado para dar un golpe avasallador y fulminante.

 

No hubo espacio ni tiempo para la maniobra. No se podía dejar que la UP se reorganizara y defendiera. Los planes de defensa del Gobierno Popular fueron absolutamente sobrepasados.

 

El zarpazo yanqui del golpe

 

La orden del golpe fue dada por Richard Nixon, segundada por Hery Kissinguer. La preparación del golpe de estado en Chile y demás países latinoamericanos fue impartida desde la Escuela de las Américas instituida en 1946 con sede en Fort-Amador y transferida luego a Fort-Gullik en 1949 en la zona del Canal de Panamá y desde 1963 bajo el mando del comando Sur del Ejército de los Estados unidos.

 

Por sus aulas pasaron oficiales y suboficiales de los ejércitos de la mayor parte de los países latinoamericanos. Permitió formar ideológica y militarmente a más de 45.000 oficiales de 22 países Latinoamericanos, en especial donde la subversión era considerada de primera magnitud, en particular Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay. Entre sus alumnos estuvieron los generales golpistas Viola y Videla (Argentina), Somoza (Nicaragua), Pinochet (Chile), Stroessner (Paraguay), Banzer (Bolivia), Melgar Castro (Honduras), Carlos Humberto Romero (El Salvador)

 

Salvador Allende legado consecuente

 

El Presidente Salvador Allende es quien mejor encarna lo que significó la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo. Estaba absolutamente convencido de su hacer. Sus discursos eran largos, improvisados pero con mucha coherencia. Era un educador de masas, que explicaba la situación política, el porqué, el cómo y cuáles eran las opciones para continuar con el proceso revolucionario. Siempre remarcó que el Gobierno Popular no sería un gobierno reformista más.

 

En el informe anual del Presidente al Congreso de la República, el 21 de mayo 1971 Salvador Allende expresó:

 

"Como Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista. Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista".

 

Fue coherente con su pensamiento, pagó con su vida su opción revolucionaria. Entre sus últimas elocuciones desde el palacio presidencial el mismo 11 de septiembre de 1973, emitidas por radio Magallanes, señaló:

 

«No tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile; sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente: dejaré la Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino, con la diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada».

 

Ultimas palabras de Salvador Allende desde Palacio presidencial el 11 septiembre 1973

 

«"Seguramente, esta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas un castigo moral para quienes han traicionado su juramento: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha auto designado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director general de carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores:

 

¡No voy a renunciar!

Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

 

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el General Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará esperando con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

 

Me dirijo a ustedes, sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la Patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios clasistas que defendieron también las ventajas de una sociedad capitalista.

 

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder.

 

Estaban comprometidos. La historia los juzgará.

 

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la Patria.

 

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.

 

Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

 

¡Viva Chile!

 

¡Viva el pueblo!

 

¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.»

El desmantelamiento de la educación pública (II)

por  Manuel Riesco*

 

Tras el golpe, las remuneraciones del profesorado en general se redujeron a una tercera parte, como se ha mencionado, mientras las del resto de los trabajadores del país bajaban más o menos a la mitad. Sin embargo, hacia 1990, mientras las segundas habían recuperado aproximadamente el 70% de su poder adquisitivo anterior al golpe, las del magisterio se mantenían en alrededor de un 28% del mismo. A pesar que la importante recuperación de los años noventa prácticamente las triplicó en moneda constante, como se mencionado, todavía están aproximadamente en un 80% de su valor anterior al golpe, nivel que fue superado por las remuneraciones promedio del resto de los trabajadores del país en diciembre de 1999.

Esta situación es velada, en parte, por estar constituido el magisterio en un 70% por mujeres y no haber discriminación de sueldos por sexo en el sistema, situación que no se da en el resto de los sectores. Por así decirlo, todo el magisterio gana sueldos de mujer, los cuales, como se sabe, son inferiores en aproximadamente un tercio, a los de los hombres de igual calificación.

A partir de 1981, la municipalización finiquitó la adscripción del magisterio al servicio civil de Estado, permaneciendo desde entonces en un estado laboral ambiguo. No se logró imponer en forma completa su sujeción a las normas que rigen los contratos laborales privados, especialmente debido a la fuerte resistencia del Colegio de Profesores, lo que se tradujo en la aprobación del Estatuto Docente a principios de los años 90, mejorado posteriormente en forma sucesiva. Por su parte, los contratos del profesorado de colegios privados está regido por el código del trabajo, sin embargo, las negociaciones salariales del magisterio establecen aumentos de las subvenciones destinados específicamente a aumentos de remuneraciones también de este sector, según las normativas del Estatuto docente, las cuales, por otra parte, no se fiscalizan allí adecuadamente.

Estos son, más o menos, los términos gruesos de la crisis del magisterio. Para más remate, como si los durísimos golpes a los que ha sido sometido a lo largo de estos años fueran pocos, hoy día cualquier “opinólogo” estima de buen tono acusarlos públicamente de la crisis de la educación, y se sugiere a cada rato que la solución de la misma pasa por mayores exigencias y evaluaciones. Las constantes reestructuraciones a que ha sido sometido a lo largo de estos años han estado inspiradas en las “teorías” de los gurús de turno, y ejecutadas muchas veces por jovencitos inexpertos –formados normalmente como economistas y que dependen usualmente del Ministerio de Hacienda-, que nunca han conocido el servicio civil del Estado, hacia el cual manifiestan además una poco disimulada animadversión. Nada conocen acerca de su estructura y principios que le son propios, y menos de la ciencia que lo estudia, la que resume una experiencia que a estas alturas es milenaria. Poco conocen asimismo, acerca de lo que son las bases de la ciencia de las RRHH. Sus concepciones, estrechas y vulgares, reducen el Estado a una suerte de empresa que provee servicios y a los ciudadanos a simples consumidores, y sus “soluciones” se remiten siempre a “simular el funcionamiento del mercado,” y ligar “resultados” a insignificantes incentivos monetarios.

¿Que se debe hacer ahora al respecto? En primer lugar, asumir un diagnóstico completo, que no eluda los elementos esenciales de la crisis actual que atraviesa el magisterio, derivados de los hechos históricos antes referidos. En segundo lugar, la restitución plena al profesorado del sistema público de su carácter de servidores del Estado, en el marco del gran proyecto de reconstrucción del sistema de educación público. En otras palabras, trabajar en la perspectiva que en lo sucesivo pasen a regirse, más o menos, por el estatuto administrativo que rige a los EEPP, sin embargo, éste a su vez debe ser reformado sin tardanza.

Existe una necesidad urgentísima de abordar la reconstrucción del servicio civil del Estado en su conjunto, el que también se ha visto sometido a un continuo desmantelamiento a lo largo de tres décadas, asimismo brutal y deliberado durante la dictadura, más velado y relativo en años siguientes. Las tendencias más actuales –ver por ejemplo, “Desmantelando los Estados Democráticos,” escrito el 2004 por Ezra Suleiman, director de la escuela de políticas públicas de la Universidad de Princeton -, apuntan a corregir estas distorsiones, bajo la premisa que cualquier Estado democrático requiere un servicio civil profesional, altamente calificado, independiente de los gobiernos de turno, con carreras de por vida, remuneraciones y jubilaciones adecuadas, y una acendrada ética de servicio. Algo así logramos construir como país hasta 1973 y parece el momento de reiniciar su reconstrucción.

Finalmente, cabe hacer mención que la reforma previsional en curso puede ser un elemento relevante para ayudar a superar la actual crisis del magisterio, en la medida que aborde la reparación plena del daño previsional que hoy día afecta muy especialmente al profesorado, al menos en dos categorías. Por una parte, todos los jubilados por AFP están obteniendo aproximadamente un tercio de las jubilaciones de sus colegas que permanecieron en el INP, pero esta situación afecta asimismo a los jubilados por el INP previos a la ley denominada “Foxley” de 1993, que restableció la remuneración total como base para efectos previsionales.

El enfoque descrito parte de la premisa que corregir el sesgo de la actual política educacional significa ni más ni menos que aprovechar la inmensa fortaleza que significa el sistema de educación pública. Del mismo modo, sin embargo, nada de lo anterior implica desconocer la fortaleza que a su vez representa el importante sector educacional privado. Éste se ha expandido significativamente durante las últimas décadas, precisamente en virtud del sesgo antes señalado – ello constituye, por así decirlo, el aspecto positivo del mismo.

El corregir un sesgo dañino no significa introducir el sesgo opuesto, ni menos desmantelar lo avanzado. Muy por el contrario, lo que se requiere precisamente es redefinir una política educacional general que restablezca un equilibrio sensato, que permita mejorar la calidad de la educación sobre la base principal de reconstruir un sistema público nacional, moderno, de alta calidad, mientras al mismo tiempo se apoya en el desarrollo alcanzado por el sector privado, debidamente regulado e integrado en un nuevo sistema nacional de educación, bien balanceado.

El país debe enfrentar la crisis educacional utilizando todas sus fortalezas y ciertamente, una de ellas son las instituciones privadas de educación, que hoy día atienden casi la mitad del alumnado y ocupan casi la mitad de los profesores y una parte significativa de los investigadores. La mayor parte de las mismas recibe subvención pública – ello ha sido extendido el año pasado a toda la educación universitaria privada, mediante la ampliación del llamado “crédito universitario.” Esta situación no se daba en el pasado sino muy parcialmente, y el nuevo concepto de educación pública ciertamente debe considerar la nueva situación y reconstruir sobre todo lo existente. Muchas instituciones particulares de educación deben continuar siendo apoyadas por el Estado, como siempre lo fueron en Chile. Claro, deben ser objeto de subsidios públicos sólo aquellas que acrediten adecuadamente su calidad de tales. No parece suficiente para ello con acreditarse como empresas comerciales con “sostenedores” con educación media y sin antecedentes penales, como ocurre en la actualidad. Más bien, la tradición chilena que reserva este sitial a instituciones privadas sin fines de lucro y con objetivos de bien público claramente determinados, parece muy adecuada.

De hecho el concepto mismo de educación “particular,” no es sinónimo de “privada,” sino que se origina en que la institución respectiva agrega determinada “particularidad” al programa general de educación, por ejemplo formación religiosa o similar, nacional, o una metodología pedagógica especial. En el pasado, sin embargo, la educación particular con financiamiento mayoritariamente público estaba remitida casi exclusivamente a las universidades privadas del Consejo de Rectores – las cuales dependieron tradicionalmente del aporte fiscal, situación que acertadamente consolidó y extendió el proceso de reforma de los años 1960.

Ello constituye un muy buen ejemplo, sobre cuya base se puede concebir un esquema general de educación particular con subsidio principal del Estado, que coexista en forma armónica con el sistema de público, en todos los niveles educacionales. Buena parte de la educación privada subvencionada nacida en estos años, sin embargo, ha crecido al amparo del subsidio fiscal, sin pretensión de particularidad ninguna, simplemente con fines de lucro. Esta situación ha adquirido una dimensión mayor con los enormes subsidios – que suman cientos de miles de millones de pesos al año -, entregados a personas y empresas privadas, para construir inmuebles destinados a la jornada escolar completa.

Al respecto, cabría preguntarse acerca de la posibilidad de crear un tipo de establecimiento intermedio, en los cuales, por ejemplo, el profesorado y la gestión educacional formasen parte del servicio público, pero se mantuviera un sistema similar al de concesiones, para los terrenos, edificios, mobiliario, servicios y otros aspectos no propiamente docentes. Algo así pudiese dar cabida a una participación del sector privado en el sistema educacional con financiamiento público, que no fuese la propiedad y gestión total, como ahora. Tal esquema pudiera abrir un camino de transición para que muchos de los colegios privados subvencionados actuales migrasen ordenadamente al sector público.

Al mismo tiempo, en muchos colegios públicos se puede considerar –en el marco del amplio plan de desarrollo antes descrito-, la externalización de diversas funciones, avanzándose de esta manera, hacia un sistema nacional de educación público unificado, que supere positivamente, hacia adelante, la dualidad del sistema actual. Ello duplicaría, de inmediato, el alcance del plan nacional de reconstrucción del sistema educacional público, puesto que extendería de inmediato su acción directa al conjunto de la educación privada subvencionada que optase por un camino como el propuesto. Por otra parte, ampliaría las posibilidades de mejoramiento rápido de los actuales colegios municipales, al abrir la posibilidad de participación del sector privado en su ampliación y mejoramiento, reservando la gestión docente. Finalmente, resolvería de inmediato, en l fundamental, la situación laboral ambigua del conjunto del magisterio financiado por el Estado.

En cierta medida, lo logrado durante años recientes con la reforma del sistema judicial constituye un precedente interesante respecto de lo que se puede lograr cuando el moderno Estado chileno se propone reconstruir y proyectar al futuro uno de sus servicios fundamentales. Lo primero en dicha reforma consistió en establecer un amplio consenso nacional respecto de la crisis del sistema y la necesidad de reconstruirlo sobre bases renovadas. En segundo lugar, ningún fanatismo ideológico se interpuso ante la evidencia que el nuevo sistema debería ser público y parte, pionera quizás, de un renovado servicio civil del Estado en general. Se destinaron los recursos humanos y materiales requeridos y se hicieron las reformas legales necesarias, estableciéndose un plan nacional de reconstrucción. Éste se ha cumplido más o menos puntualmente, bajo la mirada atenta y el respaldo continuado de las instituciones y actores que lo promovieron primer lugar. Algo así es lo que requerimos para reconstruir el sistema de educación público, ni más ni menos.

Ello implica, desde luego, abandonar las visiones ideológicas que han predominado al respecto y que han impedido hacerlo hasta ahora, así como superar la resistencia de sectores que defienden intereses particulares que se oponen al interés general en esta materia. Es fácil imaginar el impacto que un programa como el descrito tendría sobre la calidad de la educación.

 

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Manuel Riesco. Economista de Cenda ([e-mail]).
 

El desmantelamiento de la educación pública (I)

por  Manuel Riesco* 

 

Parece difícil que el debate de la reforma educacional en curso pueda abordar aspectos de detalle, más bien, corre el riesgo de perderse en su infinidad. Pareciera razonable abocarse más bien a identificar los grandes problemas, sus principales causas, y las líneas programáticas gruesas que orienten un camino de solución que pueda movilizar un apoyo mayoritario en el país. Durante todos estos años, se ha privilegiado la promoción de la educación privada, propósito que sólo una visión distorsionada puede considerar sinónimo del mejoramiento de la educación en general.

Este sesgo de la política vigente es la causa principal del continuado desmantelamiento del sistema de educación pública, que se viene arrastrando por tres décadas y constituye la causa principal de la crisis del sistema educacional en su conjunto. Superada esta distorsión, es posible visualizar que el Estado se proponga reconstruir el sistema de educación público, a partir de todo lo actualmente existente, destinando los recursos humanos y materiales que permitan alcanzar esta meta en un plazo breve. Ese parece ser el camino más directo y eficaz para solucionar la crisis actual y encaminar el país en la modernidad, como lo fue en el siglo pasado para superar el subdesarrollo.

La principal falencia de la LOCE, consiste asumir que todos los establecimientos educacionales son manejados por entes que asimila a la denominación – no precisamente elegante – de “sostenedores,” que oculta el hecho esencial que la mitad de los mismos pertenece al Estado. Tal asimilación desde luego no es casual, sino obedece al propósito explícito de obligar al Estado a tratar por igual a todos los colegios que financia. Al menos, impedirle que pueda privilegiar aquellos que le pertenecen, a riesgo de someter a los privados a una “competencia desleal.” Por cierto, se pasa por alto que nada obliga a los “sostenedores” privados a hacer lo mismo. Muy por el contrario, mientras se amarra de manos al Estado en relación con sus propios establecimientos, se estimula y subsidia generosamente que los privados desarrollen los suyos al máximo. De la misma manera, la principal distorsión del concepto educación pública en boga es que, tras una aparente neutralidad, dicha acepción del término está profundamente sesgada a favor del sector privado y en contra del público.

Actualmente se concibe como “pública” toda la educación financiada por el Estado, lo que constituye una seria distorsión de la realidad, puesto que evidentemente no es lo mismo una escuela pública que un colegio privado que recibe subvención, y el ponerlos en un mismo plano menoscaba la responsabilidad del Estado para con sus propios establecimientos. Tradicionalmente, la educación pública estuvo identificada con el sistema nacional integrado de instituciones educacionales del Estado y así lo entiende todavía el sentido común del la ciudadanía, que no está equivocada en ello. Difícilmente puede considerarse equilibrada una concepción de educación pública que no toma en cuenta debidamente el hecho esencial de que la mitad de los establecimientos educacionales pertenecen al Estado.

Toda la distorsión del actual sistema educacional se deriva principalmente de esta confusión, que no es la única, ciertamente, pero sí la determinante, y por lo tanto aquella sobre la cual la reforma puede incidir con máxima eficacia. Para superar la crisis, en primer lugar se deberá corregir el sesgo anotado y el Estado asumir en propiedad el sistema educación público, que si bien deteriorado, constituye todavía, de lejos, la principal fortaleza con que cuenta el país para mejorar la educación. Seguidamente, debe extenderse el concepto de educación pública, bien entendido, a los establecimientos privados sostenidos por el financiamiento estatal, avanzando en la dirección de integrar los mismos, en su mayor parte, en un sistema público unificado. Consecuentemente, sin perjuicio que se pueden identificar una gran cantidad de medidas correctivas adicionales, la principal consiste en emprender un amplio y ambicioso plan de reconstrucción del sistema de educación pública, en todos sus niveles, superando el desmantelamiento del pasado y proyectándolo hacia el futuro.

Para lograr lo anterior, parece imperativo abrir un amplio debate nacional sobre el desmantelamiento a que fue sometido, el que necesariamente debe revisar lo ocurrido al respecto a partir del golpe militar, materia que se ha venido evitando sistemáticamente durante la transición. Este serio error metodológico parece ser la causa de los mayores equívocos de la política educacional en años recientes, lo cual no implica desconocer significativos logros de sus esfuerzos. Más allá de la educación, es un tema que está en el trasfondo de la crisis terminal que parece vivir la transición en su conjunto, la que se manifiesta en los más diversos campos. La interesada pretensión, de que era posible continuar la marcha de la sociedad chilena sin enfrentar esta revisión a fondo, constituye la omisión más relevante de este período.

De modo inevitable, tarde o temprano, el fango iba a subir a la superficie. Someter el legado de la dictadura a una crítica profunda, no es una materia relevante solamente para restablecer el pleno respeto a los derechos humanos. Ello es imperativo también para resolver la crisis educacional, así como otros conflictos latentes en muchas otras materias. La herencia de la dictadura se ha transformado en un peso insoportable, que es necesario remover en todos los ámbitos de la vida nacional.

Lejos de reabrir heridas del pasado, este debate es indispensable para sanarlas. No sólo es condición de la verdadera reconciliación nacional en todos los planos de la convivencia, sino indispensable también para definir con amplio consenso la nueva estrategia de desarrollo que el país requiere para enfrentar el siglo que se inicia. Como tal, es una materia que interesa vitalmente a todos los sectores nacionales.

El desmantelamiento del sistema de educación pública durante la dictadura no puede ser calificado sino de feroz. Tras el golpe militar, el presupuesto educacional se redujo a la mitad, los salarios del magisterio a la tercera parte, niveles que se mantuvieron hasta 1990. Se expulsó a cientos de destacados profesores y alumnos, no pocos de quiénes fueron víctimas de formas aún más brutales de represión. Se prohibieron autores y disciplinas, se quemaron libros, se intervinieron colegios y universidades, y las nuevas autoridades no alcanzaban sus altos cargos como la culminación de distinguidas carreras académicas, sino se dejaban caer sobre los mismos en paracaídas, literalmente. Se despedazaron las universidades públicas nacionales, se clausuraron departamentos y facultades. La matrícula total del sistema educacional se redujo en más de cien mil alumnos durante la primera década de dictadura, situación que afectó a todos los niveles educacionales, pero especialmente a las universidades.

Luego de su municipalización en 1981, el sistema de escuelas y liceos públicos perdió otro medio millón de alumnos hasta 1990, lo que equivalía a la cuarta parte de sus alumnos. Tales resultados, más que la obra educacional de un gobierno nacional, se asemeja a la estela de destrucción que dejan a su paso los ejércitos invasores. La saña con que se procedió sólo parece posible de explicar, si se tiene en mente el espíritu destructor que se apodera de parte de las sociedades cuando las atraviesan conflictos civiles mayores. La devastación del patrimonio construido por gobiernos de los más diversos signos a lo largo de un siglo, no parece posible de entender sin recordar el odio que albergó un sector de la sociedad contra el sistema educacional público, por el destacado rol que le correspondió en la transformación social del país, lo cual se potenció con la tradicional desconfianza del mundo militar hacia la intelectualidad.

Lo ocurrido en Chile no tiene parangón en América Latina, donde si bien la mayor parte de países puso en práctica diferentes versiones de las llamadas “reformas”, las mismas fueron realizadas durante los años 1990, por gobiernos democráticos que al mismo tiempo duplicaban, o más, sus presupuestos educacionales.

Los gobiernos post dictatoriales sin duda realizaron esfuerzos muy importantes para recuperar el sistema educacional de la postración en que lo dejó la dictadura. El presupuesto fiscal en educación se multiplicó 4,4 veces de 1990 a 2005, y las remuneraciones del magisterio aumentaron 2,6 veces de 1990 a 2004, más o menos lo mismo que creció el producto interno bruto (PIB), en los mismos años. Sin embargo, era tan profundo el deterioro anterior que, todavía hoy, el primero no alcanza ni la mitad del nivel que logró hace tres décadas, como proporción al PIB. Expresado en pesos de hoy por alumno, apenas iguala el nivel de hace treinta años en básica y media, y es menos de la mitad que entonces, en las universidades. En cuanto a las remuneraciones del magisterio, todavía distan bastante de recuperar su nivel de entonces, medidas en moneda del mismo valor, como se verá.

El esfuerzo de los gobiernos democráticos sin duda alcanzó muchos otros aspectos de gran significación, que incluyen el aumento de cobertura, la extensión de la jornada escolar, y los programas de estudios y pruebas de selección, principalmente. Sin embargo, al no abordar el tema central antes referido, se ahondó el desmantelamiento y deterioro del sistema de educación público, sólo que esta vez en términos relativos. En efecto, en básica y media, sólo uno de cada cinco alumnos adicionales a partir de 1990, ingresó al sistema público, mientras los cuatro restantes engrosaron el sistema de colegios particulares. En el caso de las universidades, las privadas absorbieron prácticamente a todos los alumnos adicionales a partir de 1990. Hoy día, el sistema público tiene 200 mil alumnos menos que los que contaba en 1974, en básica y media. En el caso de las universidades públicas, éstas tienen menos alumnos y académicos hoy, que los que tenían entonces.

El primer paso para resolver la crisis es que el Estado debe reasumir en plenitud su responsabilidad sobre las escuelas de propiedad pública, estructurándolas como un sistema nacional, que – al igual como lo fue en el pasado -, contemple un esquema moderno de administración que incorpore las mejores prácticas internacionales al respecto. Abordar la reconstrucción del sistema público significa reconsiderar la gestión, el financiamiento, el control, y muchos otros elementos propios de toda organización grande, equilibrando adecuadamente la centralización de algunos aspectos de los mismos, con la descentralización de otros, dado que ambos términos, lejos de ser antagónicos, son opuestos que conforman siempre una unidad. Es decir, no hay descentralización posible, en ningún tipo de organización, sin que paralelamente se centralicen otros aspectos de la misma cosa, y viceversa. Ello se verifica todos los días, por ejemplo, con la propiedad privada capitalista, la que es objeto de un continuo proceso de centralización y descentralización simultánea, que reestructura constantemente el control de todas las industrias.

La tan mentada “descentralización” del sistema educacional chileno no ha sido sino un eufemismo para desmantelar y privatizar los colegios públicos. La municipalización ha sido un rotundo fracaso, que significó inicialmente diezmar los establecimientos públicos, y dejar luego establecida una discriminación entre municipios pobres y municipios ricos. Aún los más grandes, sin embargo, no pueden atender adecuadamente ni siquiera a sus colegios de excelencia, lo cual se puede verificar en el Instituto Nacional y el Liceo 1 de niñas, ambos dependientes de la Municipalidad de Santiago, que todavía no cuenta con recursos para dotarlos de la infraestructura que necesita la jornada escolar completa.

Antes del golpe, el sistema educacional era ampliamente descentralizado en sus funciones esenciales –que se recuerde, las clases no se impartían en la sede del Ministerio de Educación-, y su estructura, la que por lo demás se perfeccionaba constantemente, era la más moderna que se podía concebir para la época, en un país subdesarrollado como era el Chile de entonces. Ello era reconocido internacionalmente y de hecho servía de modelo en países similares.

Ciertamente, contaba con muchas funciones que hoy día no son requeridas, como una empresa constructora de establecimientos educacionales, por ejemplo, que fue indispensable porque la industria privada no había alcanzado todavía el desarrollo suficiente para atender los exigentes requerimientos que significó la construcción de muchas escuelas de calidad homogénea, a lo largo de todo Chile, en un breve plazo. La reconstrucción del sistema nacional de educación público ciertamente puede y debe asignar un rol importante a los municipios, así como a otras instancias del Estado democrático. Sin embargo, el tema debe ser planteado exactamente al revés de como se ha hecho hasta ahora, es decir, en lugar de empezar preguntando si tal o cual municipio debe hacer esta cosa o la otra, en la nueva estructura administrativa, éstas pueden ser preguntas a responder al final, luego de reasumir el Estado el control de todas las escuelas y definir un plan nacional de reconstrucción del sistema público.

Asimismo, el experimento extremista neoliberal de financiar toda la educación pública mediante “vouchers,” entregados por alumno que asiste a clases, ha fracasado completamente y debe ser terminado inmediatamente. Sólo ha significado trabas al Estado para mejorar las escuelas públicas, mientras se ha prestado para estimular la discriminación en los colegios privados, y el fraude en los reportes de asistencia en todos los establecimientos. Cabe hacer mención que el mencionado experimento es único en el mundo, no ha sido seguido de esta manera radical en parte alguna, y ni siquiera las grandes instituciones privadas educación lo aplican al interior de si mismas.

Es posible que el propio inspirador de tal idea, cuya aguda mente crítica lo ubica a mucha distancia de las vulgares concepciones de sus seguidores, hubiese puesto fin al experimento hace ya mucho tiempo. Lo que se requiere en cambio es aplicar las mejores prácticas para distribuir y controlar el uso de los recursos públicos en función de los objetivos generales y las necesidades y realidad de cada sector, región e institución, y de acuerdo al plan nacional de reconstrucción del sistema público, propuesto. Lejos del mercado, tales prácticas mejores se deben buscar en los mejores y más modernos sistemas educacionales públicos, y lejos de los manuales de microeconomía, en las mejores escuelas de administración pública.

De la misma manera, el análisis de la situación del magisterio no se puede desvincular de la profunda alteración que ha sufrido su relación laboral, en el marco del proceso de desmantelamiento del sistema de educación pública y su reemplazo por colegios particulares. Hasta el golpe militar, la profesión docente se desarrollaba en el marco de una carrera funcionaria que era parte del servicio civil del Estado – de hecho, era su contingente más numeroso, junto a los funcionarios de salud. A lo largo de buena parte del siglo, se desenvolvió en un escenario de dinámico desarrollo, que se manifestaba en un acelerado incremento del número de docentes, de sus remuneraciones y capacitación laboral.

Todo ello cambió violentamente tras el golpe militar, cuando el magisterio y la profesión docente fueron duramente castigados, y sufrieron represión y persecución política en un grado significativamente más severo que otros sectores, y que fueron especialmente duras en las universidades. La formación docente sufrió un golpe inmediato y deliberado por parte de la dictadura, simbolizado en la expulsión del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que no ha podido ser remontada, a pesar de los importantes esfuerzos hechos al respecto a partir de 1990, y se ha agravado en años recientes por la extrema liberalidad de ciertas universidades privadas.

 

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Manuel Riesco. Economista de Cenda ([e-mail]).
 

El tratamiento penal a los mapuche: una paradoja de la democracia chilena

por José Aylwin Oyarzún

En días pasados una Misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) visitó el país para presentar el tercer informe que esta respetada entidad elabora en menos de una década sobre la situación de los derechos del pueblo mapuche, y en particular, sobre la aplicación de la legislación antiterrorista en el marco del denominado “conflicto mapuche”.

El informe, que lleva por título ’La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático’, fue dado a conocer por el magistrado español, Dr. Luis Carlos Nieto, directivo de la organización Jueces para la Democracia, y por el reconocido especialista en derechos de los pueblos indígenas, Dr. Luis Rodríguez-Piñero, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, quienes conformaban la misión.

Dicho informe viene a corroborar la preocupación internacional despertada en torno la aplicación de la legislación especial antiterrorista contra líderes y activistas mapuche, que había sido expresada en años anteriores por organismos de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por otras organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio internacional, como Human Rights Watch.

El Informe de la FIDH analiza los factores que están detrás de los conflictos de tierras que involucran a los mapuche, mencionando entre ellos además de los factores de carácter histórico, “las insuficiencias estructurales de las políticas oficiales de devolución de tierras y el avance y consolidación de la economía forestal de exportación, con enormes repercusiones para la vida de las comunidades mapuche”.

Sostiene que en la respuesta del estado chileno a estos conflictos “ha primado hasta la fecha la persecución penal de los actos violentos de protesta social por sobre los intentos de atender a las causas estructurales de esta conflictividad”.

El Informe analiza además los procesos judiciales que condujeron a la condena de nueve personas mapuche bajo la Ley Antiterrorista en el periodo 2003-2004, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que vinculan a Chile. Concluye que en ellos el estado chileno violó las garantías a un juicio justo y al debido proceso de estas personas, en la medida en que la gravedad de los hechos por los que fueron condenados no guarda proporción con la gravedad del tipo delictivo de “terrorismo” y de las penas impuestas en estos casos.

Según el Informe, en los casos analizados “que involucran daños contra la propiedad…y donde no se han producido riesgos para la vida e integridad física, la calificación como ‘terrorista’ de los hechos punibles ha vulnerado los principios de proporcionalidad, racionabilidad y necesidad que definen el derecho penal en democracia, conduciendo así a violaciones del derecho al debido proceso y a un juicio justo de los imputados y condenados en estos casos”.

Sostiene a su vez que la ausencia de un reconocimiento constitucional relativo a los pueblos indígenas y a sus derechos, así como de ratificación por parte del congreso nacional del Convenio 169 de la OIT, da cuenta que en Chile falta aún un largo camino por andar para que el “nuevo trato” propuesto por el gobierno del Presidente Lagos para con los pueblos indígenas se plasme en realidades concretas.

Concluye afirmando que “tras el ‘fin de la transición’ proclamada a raíz de la reforma constitucional de 2005, los pueblos indígenas continúan estando en los márgenes de esta transición, incapaces de beneficiarse en pie de igualdad de los enormes cambios que ha experimentado la sociedad chilena en su conjunto, y experimentando todavía las consecuencias del modelo jurídico, social y económico heredado del régimen dictatorial”. En su parte final el Informe hace una serie de recomendaciones al estado chileno. Como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la aprobación de una reforma constitucional que establezca el carácter pluriétnico del estado de Chile, donde se reconozca la preexistencia y, expresamente, los derechos de los pueblos indígenas ya establecidos en el derecho internacional de derechos humanos. Recomienda así mismo crear un Ombusman de los derechos de los pueblos indígenas, y la implementación de una política de restitución de tierras y recursos naturales a los mapuche con participación de sus organizaciones.

En materia penal recomienda al estado la búsqueda de fórmulas legales para poner en libertad y reparar a las personas mapuche que están cumpliendo presidio mayor por supuestos delitos de terrorismo. Asimismo, el Informe recomienda una revisión en profundidad de la legislación antiterrorista “de manera que sólo debe sancionar conductas que claramente afecten al orden constitucional democrático”.

El Informe de la FIDH se hace público en momentos en que los tribunales de justicia, por segunda vez en menos de un año, desestiman las imputaciones formuladas por el Ministerio Público y por abogados de gobierno en contra de comuneros mapuche por su participación en actos que revistirían el carácter de terroristas (la primera ocasión fue en el invierno de 2005, en que el tribunal Oral en lo Penal de Temuco desechó la acusación que se hacía a ocho mapuche por formar parte de una asociación ilícita terrorista).

Se da a conocer además cuando un grupo de presos mapuche condenados por legislación antiterrorista se encuentran en huelga de hambre prolongada ya por casi un mes, en demanda de libertad para ellos y reconocimiento de derechos para sus comunidades.

El mismo se hace efectivo en momentos en que el nuevo gobierno que preside Michelle Bachelet se ha comprometido a generar un diálogo con miras a generar –con participación de los pueblos indígenas y de sus organizaciones- una nueva política para estos pueblos.

Esperamos que las recomendaciones realizadas por la FIDH en este Informe sean tomadas en consideración por las nuevas autoridades, y que sirvan de base para revertir la política de persecución penal en contra de los líderes mapuche impulsadas durante los últimos años desde el estado, sustituyéndola por una política que junto con basarse en el diálogo, apunte a resolver las causas estructurales que han estado detrás de los conflictos que han involucrado al pueblo mapuche y a sus comunidades en los últimos años.

Fuente: www.elmostrador.cl

Ricardo Lagos, ¿socialista o concertacionista?

por Eric Eduardo Palma

 

He leído en los tres últimos meses comentarios superficiales así como enjundiosos análisis respecto de Ricardo Lagos y su gobierno. Me ha llamado la atención sobre todo que se insista en el carácter socialista del ex presidente de la república, porque creo que dicha afirmación es equivocada.

No voy a desarrollar en mi propuesta el discurso de la izquierda extraparlamentaria según el cual el socialismo renovado no es auténtico socialismo, lo que nos llevaría a la conclusión obvia que el gobierno de Lagos no fue socialista. Esto puede ser tema de otro comentario, pero procuraré avanzar en otra línea de análisis.

La militancia parece ser un elemento importante a considerar a la hora de la caracterización de una posición política. De acuerdo con la ley chilena sólo se puede militar en un partido político a la vez.

Los comentaristas y analistas que califican a Lagos de socialista parecen haber resuelto uno de los grandes misterios de la política nacional ¿qué ficha de afiliación tuvo vigente Lagos durante su mandato, la del P.P.D. o la del P.S.?

Si estos partidos mantuvieron para el ciudadano Lagos el privilegio de tener dos militancias, cosa no permitida al chileno común y corriente, qué difícil se hace afirmar, sin más rigor ni precisión, que Lagos y su gobierno fue socialista.

En todo caso no recuerdo haber oído del ex Presidente que señalara que tal o cual proyecto de ley, o tal o cual decisión política, obedecía al programa particular del Partido Socialista o a la decisión del último Congreso de dicho partido.

Creo que Lagos debe examinarse en el contexto de la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza más exitosa de la historia electoral y política nacional.

Los 16 años de gobierno de la Concertación, que con toda seguridad serán a lo menos 20, han configurado una identidad colectiva en materia de confrontación electoral que empieza a manifestarse como un modo de ser y de sentir en política.

Creo que la reciente elección enmendó la visión que algunos proponíamos de agotamiento de esta fórmula electoral ante el posible viraje hacia la izquierda de su dirigencia máxima. El apoyo casi unánime del electorado DC a la atípica candidata del conglomerado mostró que hay Concertación para rato.

La pregunta es: ¿por qué no se asustaron los votantes de centro derecha ante una candidata agnóstica y socialista? ¿Por qué no sucumbieron ante el discurso del humanismo cristiano de Piñera que intentó crear un conflicto entre las dos vertientes humanistas que confluyen en la Concertación? Mi respuesta es que los concertacionistas no temen ni a los agnósticos ni a los socialistas en atención a la práctica política de Ricardo Lagos: éste, más agnóstico que socialista, gobernó sin atender a su visión personal de la trascendencia y en función de los intereses del conglomerado más que de un partido político en particular.

Los gobernantes que ha elegido la Concertación han venido practicando, desde el Gobierno de Aylwin, una manera de hacer política que permite el fortalecimiento de los distintos partidos que integran la coalición. Ni Frei, ni Lagos sucumbieron a la tentación de llevar aguas a su propio molino: los presidentes han operado como articuladores de acuerdos y vitaminizadores de la coalición.

La respuesta de la propia Presidenta señora Bachelet a la demanda radical es la prueba más contundente de este espíritu concertacionista.

¿Qué se quiere decir cuando se afirma que el Gobierno de Lagos fue socialista? A la luz de lo expuesto no resulta nada claro.

Cabria en todo caso preguntarse por qué personas contrarias, indiferentes y cercanas al socialismo coinciden en que estuvimos en presencia de un gobierno socialista.

Desde mi perspectiva de historiador del Derecho la cuestión de la adjetivación del Gobierno no es menor: señalar a Lagos y su período como socialista obligaría a determinar con cierto rigor científico qué es eso que llamamos socialismo en el siglo XX, desde la fundación del partido, pasando por Allende y llegando a Lagos. Es decir, ocuparnos por el problema de la identidad de una propuesta política y su consecuente actividad jurídica (producción legislativa).

¿Ha habido en la política chilena un estilo político al que podamos identificar como socialista? ¿ Tiene ese estilo un correlato legislativo? ¿Ha existido alguna vez en la historia de Chile un ordenamiento jurídico, total o parcial, al que podamos calificar como socialista?

Pienso que la respuesta a estas y otras interrogantes permitirán calificar con más propiedad al gobierno de Lagos y resolver si fue o no socialista.

 

Fuente: www.elmostrador.cl

Daniel Bensaïd: ''El altermundialismo está en un momento de transición''

por  Ximena Jara

 

Es uno de los académicos marxistas más importantes de la actualidad, y acaba de presentar en Chile su libro Clases, plebes, multitudes, en el que revisa el panorama actual de los movimientos sociales y el rumbo que su resistencia está tomando, particularmente en América Latina.

Se sienta en la pequeña mesa de la oficina, vacia el agua sobre un vaso de plumavit y revuelve su café. No tiene prisa, no se ve nervioso, no posa de importante. Su visita a Chile termina al día siguiente de esta entrevista, luego de una semana con coloquios, encuentros y la presentación de su libro Clases, plebes, multitudes, que acaba de salir bajo el sello Palinodia. No se ve cansado.

Daniel Besaïd, uno de los filósofos marxistas más importantes de la actualidad, habla portugués y español perfectos y está inusualmente informado acerca de los procesos latinoamericanos, hasta el punto de conocer detalles específicos de cada país. A diferencia de otros académicos, no teme incluirse dentro de una opción política de manera abierta. “Estábamos preocupados”, “logramos”, “tenemos”, dice, poblando el discurso de plurales en primera persona, que no pretenden objetividad, aunque tampoco proselitismo.

Defensor de los Foros Sociales y el movimiento altermundista, es consciente de los desafíos que le esperan a esta explosiva corriente planetaria si quiere dejar de ser una suerte de conciencia amplia y convertirse en un planteamiento político capaz de intervenir directamente en el desarrollo de las naciones. Especialmente en Latinoamérica.

-Usted plantea que el altermundialismo es una inspiración utópica que admite muchos universos posibles. Por contraposición, sin embargo, no ha definido su proyecto. ¿Es funcional un proyecto político-social que no procura el poder y que no está delineado?
-Hay que ver. Cuando se inició la contrarreforma liberal en los 80 –con Thatcher y Reagan-, el movimiento social se encontró desorientado. Esto es un primer paso de resistencia y reorganización de los movimientos sociales, y es más de convergencia que de alternativas. En apenas siete años, ha recorrido bastante camino, cristalizando el movimiento altermundialista en torno a consignas como “el mundo no es una mercancía” y similares, que expresan rechazo al sistema. Y si bien es un momento que no ha agotado sus potencialidades, porque el movimiento que sigue extendiéndose, es cierto que –sobre todo en América Latina- el altermundialismo empieza a sentir sus límites: la resistencia social es un punto de partida, pero no un punto de llegada cuando se encuentra con el problema del poder.

Creo que es importante mantener un marco comunitario, pero sabiendo que hay varias opciones, desde quienes sólo quieren corregir los defectos del sistema hasta quienes quieren volver a políticas de Estado benefactor. Es difícil pensar las nuevas condiciones de lucha para el poder, pero creo que más vale reconocer que estamos en un momento de transición, donde hay que repensar muchas cosas, que teorizar el momento negando que el problema existe. En ese sentido, la retórica de John Holloway, de pretender cambiar el mundo sin tomar el poder, me parece totalmente mágica y vacía, porque el poder existe; se puede pretender ignorarlo, pero él no va a ignorar a los demás.

-Las fases por las que atraviesa el altermundismo en Europa y Estados Unidos son distintas. En Bolivia, por ejemplo, el movimiento que sustenta a Evo Morales tiene consenso respecto de lo que se rechaza, pero no de lo que se busca. Eso puede generar un problema en la toma de decisiones, es un riesgo.
-Es un riesgo. Es un paso positivo, puesto que hubo muchas rebeliones que derrocaron tres gobiernos, hasta ganar las elecciones. Eso demuestra que si no hay cambios a niveles de instituciones de poder, el movimiento social se puede repetir, pero finalmente se cansa, y no cambia nada. Es un paso, pero que plantea problemas a otro nivel: ¿qué hacer con el gobierno, en su contexto regional y mundial? No es el todo o la nada, hay que modificar las correlaciones de fuerza, de modo de hacer posibles ciertos proyectos, sabiendo que si se radicaliza el proceso va a terminar en un enfrentamiento con el imperialismo y sus representantes en la región.

Crítico e hijo de la globalización

-El altermundismo es crítico de la globalización neoliberal. Sin embargo, es también hijo de ella, en algún sentido. ¿Cuál es su opinión respecto de las plataformas que se pueden aprovechar de la globalización, en lugar de negarla de plano?
-Bueno, la lucha de los oprimidos siempre comienza con una definición negativa. El altermundialismo es una respuesta al proceso de mercantilización generalizada, de privatización del mundo. Es cierto que hay dos formas de oposición a la globalización –aunque no es la globalización en sí misma, sino la capitalista, o liberal-, una internacionalista, que busca crear solidaridades más allá de las fronteras, y otra es un rechazo desde el punto de vista conservador, nacional y hasta chauvinista. Es lo que pasó con el referéndum sobre el tratado constitucional europeo. Entre quienes apoyaban el “no” –que ganó- había un grupo de derecha nacionalista, hasta xenófobo, y otro de izquierda, que rechazaba la lógica liberal del tratado, y que estaba muy atento a desmarcarse del otro “no”, en temas como los inmigrantes y la entrada de Turquía a la unión europea.

-Francia es como la rebelde de Europa, y eso se expresó en el referéndum del que habla, pero también en los incidentes de noviembre y en las manifestaciones, ahora, a propósito de la flexibilización laboral. Unos creen que Francia es la reaccionaria, la que se opone a la modernidad y sus flujos, y los que dicen que es un ejemplo de resistencia ante el neoliberalismo.
-Creo que lo más importante es el aspecto que por razones históricas y culturales genera un punto de apoyo para la resistencia de la lógica liberal. Por ejemplo, la victoria del “no” en el referéndum es un aliento para gente en Grecia o España que no estaba entusiasmada con el marco constitucional, y lo vivía casi como una fatalidad. Lo que sucedió con el voto francés logró cambiar en menos de 15 días la mayoría de la opinión en Grecia. Estaban resignados, y 15 días después de lo que pasó en Francia, 65% de los griegos estaban en contra. Tener un país que resiste es positivo, aunque es cierto que todo puede ser ambiguo, y mezclarse consideraciones sociales con rasgos de prepotencia nacional y de mitología de ‘excepción francesa’.

-Diversidad, pluralismo, tolerancia. Fueron ideas fuerza de la campaña de Michelle Bachelet. ¿Qué piensa del futuro de esas promesas?
-Hay mucho de retórica en esto. Toda retórica puede ser simpática a primera vista e impacta mucho. Por ejemplo, el tema del “sin fronteras”: médicos sin fronteras, abogados sin fronteras, reporteros sin fronteras. Hacen un buen trabajo, pero a la vez es un discurso ideológico muy ambiguo, porque legitima un cosmopolitismo de mercado, y en Europa los mismos militantes de médicos sin fronteras se han encontrado instrumentalizados –por ejemplo en la guerra de los Balcanes.

Circulan conceptos como “diversidad”, “apertura”, “sin fronteras”, pero se están contruyendo muros de todos lados: Israel y Palestina, México y Estados Unidos, Ceuta y Melilla. La retórica de la diversidad tiene su lado positivo, pero el mundo real sigue segmentado, con fronteras, se construyen zonas de detención, barreras. El problema es qué tipo de unidad, de solidaridad construir; todo el problema está atrás.

 

Fuente: www.elmostrador.cl

El socialismo en el siglo XXI: El debate necesario

Por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo ???? Ciertos actores del proceso revolucionario bolivariano se oponen a los cambios que este pretende lograr. El esquema de subordinar las decisiones de los partidos a las del pueblo de manera tal de lograr una democracia participativa, de darle poder al pueblo tiene una ferrea oposición. El desafío está en manos de las masas y organizaciones venezolanas. Ir al artículo

“No creo que Chile elija un Presidente de derecha”

Acaba de firmar una declaración de apoyo a Michelle Bachelet para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el escritor portugués José Saramago entrega su visión sobre Latinoamérica y alerta sobre el significado del voto en blanco.

 

-¿Cómo ha visto el proceso político de Chile desde la llegada de la democracia?

- La verdad es que la vida política y social de Latinoamérica en los últimos años ha tenido diferentes formas de manifestarse y por lo tanto, se han dado muchas diferencias en cuanto a cómo se ha ido desarrollando cada país de ese continente. Chile ha sido, desde hace muchísimos años, desde el crimen de Pinochet contra Salvador Allende, un país que ha desarrollado un fuerte rechazo a la posibilidad que la derecha gane y se haga con el poder político.

-¿Cómo cree que reaccionará el pueblo chileno en la segunda vuelta este 15 de enero?

-No creo que la sociedad chilena ceda y de un paso atrás, eligiendo a un presidente de derecha y proclive a los empresarios. De esta manera, y con la historia que han vivido ustedes con Pinochet, a mí no me inquieta un movimiento de avanzada de la derecha en Chile ni ahora ni en los próximos años.

-¿Ve diferencias entre los nuevos líderes de izquierda latinoamericana?

-La verdad es que Michelle Bachelet no es Hugo Chávez ni Evo Morales. Su candidatura no es un intento de llegar al poder en forma disfrazada o una revolución en pleno apogeo.

-¿El apoyo de España y Portugal será constante a los gobiernos progresistas de Latinoamérica?

-Creo que es una buena opción que España entregue una carta de apoyo o un manifiesto a favor de Michelle Bachelet. Además, creo que millones de españoles también estarían gustosos de firmar esta carta de apoyo a la candidata chilena, especialmente porque Chile y España la historia es muy parecida en sufrimiento y alegrías.

Votar lúcido

-Tomando como ejemplo su libro “Ensayo sobre la Lucidez”, ¿Cree que en algún momento de la historia podremos asistir a un proceso eleccionario donde la gente vote mayoritariamente en blanco o sencillamente no asista a votar?

-Yo no defiendo la abstención y esta no es una forma de reclamo de la gente frente a los políticos porque el sistema se acostumbró a la abstención. El sistema tiene una cantidad de explicaciones para la abstención: la gente se puede ir a la playa, o al campo, o al lago, etc, etc. Además, la abstención puede ser altísima pero ello no preocupa ya que al final la gente terminó por pensar que la abstención no cambiará nada. Ahora lo que mi libro “Ensayo sobre la Lucidez” plantea es esto: ¿qué es lo que pasaría si el 80% vota en blanco? Votar en blanco no es abstenerse. La gente sale de su casa y va a votar. Sencillamente está diciendo: “lo que ustedes me proponen no me gusta, pero como soy un ciudadano consciente de mis obligaciones he venido aquí a decir eso. Mi papel en blanco significa que esto no me gusta”.

-¿Ha sufrido muchas críticas por plantear el voto blanco como una forma de protesta a las elites políticas?

-Cuando yo presenté la novela en Lisboa y en el debate se me dijo que “usted ¿no se da cuenta de que un 15% de votos blancos serían el descalabro de la democracia?” y yo contesté que un 50% de abstención era tambien un atentado a la democracia y que los políticos la manipulaban.

-¿Qué lo une con Chile?

-Su historia reciente, las personas que conozco ahí. Me he sentido muy a gusto en Chile y tengo muy buenos amigos, como el presidente Ricardo Lagos.

Fuente: La Nación