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Medio Ambiente

Razones para oponerse al proyecto Aysén de Endesa

por Juan Pablo Orrego

Poco a poco comienza a crecer la conciencia nacional respecto de los efectos que podría tener la construcción de grandes centrales hidroeléctricas con enormes embalses en la región de Aysén. La complejidad del caso se manifiesta tanto en la cantidad de ámbitos en que éste genera discusión y polémica, como en la poco común alianza entre muy diversos referentes ciudadanos, quienes desde Cochrane y Coyhaique a Santiago nos oponemos enérgicamente a la materialización del mega proyecto planteado confusamente por Endesa.

Las tres grandes problemáticas que rondan este proyecto son el impacto local, la política energética y el modelo de desarrollo. Respecto al primer punto, el plan de Endesa es una amenaza letal para un número aún indeterminable de miles de hectáreas de las extraordinarias cuencas de los ríos Baker y Pascua, ambas de un altísimo valor ecológico, cultural, económico y con un gran potencial agropecuario y turístico. A los impactos de los embalses (más de 9.000 hectáreas) se deben sumar los de todas las obras anexas, tales como plantas conversoras y líneas de transmisión (más de 12.000 has), caminos, campamentos masivos, plantas de áridos y cemento, además de la fuertísima intervención por maquinaria pesada durante 10 o más años, todo con un también masivo aporte de ruido, humo, polvo, derrames y basura. Con todo esto, el efecto de tal emprendimiento en una zona con las características ecológicas y culturales de Aysén sólo puede ser calificado como potencialmente devastador. En términos ecológicos, lo que está en riesgo aquí es lisa y llanamente la subsistencia del corazón de la Patagonia chilena, que es un mosaico complejísimo de ecosistemas, microclimas y especies endémicas que constituyen sin duda un tesoro ambiental a nivel planetario.

Para formarse una idea de los impactos locales de tales proyectos, basta con una breve visita al Alto Biobío: éste ya no es un bellísimo ecosistema fluvial, sino un antiecológico y antiestético artefacto hidráulico. Su forzada instalación significó el desmantelamiento de las comunidades Pehuenche aledañas, cuya actual supervivencia se sustenta exclusivamente en un artificial dispositivo subsidiario de alto costo provisto por Endesa. Tremendo parche para tremenda herida: familias indígenas bajo la tutela de Endesa por dudosos motivos relacionados con el marketing de futuros proyectos. Esta situación sin precedentes no puede volver a repetirse en nuestro país.

En segundo lugar, este proyecto profundiza la poco acertada política energética impuesta al país por Endesa durante las últimas décadas, basada exclusivamente en megacentrales hidroeléctricas y térmicas. Chile está en el subdesarrollo respecto del uso eficiente de la energía y de las fuentes ‘genuinamente’ renovables; hoy gran parte de la comunidad internacional que trabaja en el tema ya no considera las megacentrales hidroeléctricas como fuentes renovables de energía por sus excesivas externalidades ecológicas, sociales, culturales y económicas en el corto, mediano y largo plazo. Necesitamos una política energética pública, nacional, democrática, y altamente eficiente, que evalúe la hidroelectricidad a menor escala con extremo cuidado y permita su construcción quirúrgica en cuencas que hayan sido estudiadas exhaustivamente. Algo así como ‘cuenca contra proyecto’ en vez de ‘proyecto contra cuenca’, como se estila hasta ahora en Chile.

Hoy, Endesa y otras empresa del rubro diseñan sus proyectos con una estrecha óptica ingenieril y financiera, y luego los ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Conama, institucionalidad intervenida políticamente desde un poder ejecutivo a su vez cooptado por el sector privado, tal como lo evidencian los casos de Ralco y Celco, entre otros. El resultado, finalmente, es que estas empresas terminan ‘encajando’ la obra en la cuenca, absolutamente a la fuerza, y prometiendo en el papel innumerables medidas de mitigación y compensación que en nada salvan a la cuenca o a las comunidades más directamente afectadas de los implacables impactos negativos de la obra. El Alto Biobío es el mejor aunque mudo testigo de esto.

El tercer fundamento de nuestra posición tiene que ver con la proyección del crecimiento de la demanda que esgrime Endesa para justificar su intervención en Aysén y otros ríos de Chile. En este país cuando ‘los grandes’ debaten respecto del tema energético sólo se refieren a la generación, a la oferta de electricidad, y nunca al por qué de la demanda, que es la segunda parte completa de la ecuación. El problema de fondo es que muchas autoridades se han empapado de la visión de Endesa de pensar en la producción de electricidad como un fin en sí mismo, como un negocio redondo con horizonte infinito, lo cual es funcional a un país estancado en una fase productiva primaria y neocolonial, en un modelo de desarrollo basado en la explotación y procesamiento primario de materias primas y recursos naturales; algo evidentemente insustentable, por no decir autodestructivo.

Las industrias primarias, como las dedicadas a la producción de concentrado de cobre, astillas y/o celulosa, y harina de pescado son, precisamente, las más intensivas en el uso de electricidad y del agua, así como las más contaminantes. Urge que Chile cambie la orientación de lo que llama desarrollo. Nuestro país está óptimamente posicionado en Latinoamérica, abierto al Pacífico y al mundo, para ofrecer servicios de alta calidad en educación, cultura, salud, bancarios y telecomunicaciones, además de un ecoturismo horizontal, diseminado, rural, que podría generar a perpetuidad importantes utilidades y múltiples servicios secundarios, siempre y cuando se proteja, conserve, e incluso restaure el medio ambiente de nuestro país. En este modelo también cabe, por supuesto, la producción de alta tecnología y software, algo que ha permitido el acelerado despegue de países como Escocia, Irlanda y otros. En este esquema productivo, el único genuinamente sustentable, la demanda de electricidad cae precipitosamente.

Más encima, el actual modelo chileno incluye, de manera prominente, nefastos efectos socioeconómicos, concentrando agudamente la riqueza y desparramando ampliamente la pobreza: el 20% más rico del país percibe el 62.2% del ingreso, mientras el 20% más pobre sobrevive con el 3% del ingreso, lo cual se explica en gran medida porque las empresas que explotan recursos naturales acaparan la mayor parte del ingreso del país. En otras palabras destruimos ríos y cuencas para generar la energía y para explotar aún más el medio ambiente, todo lo cual enriquece a una minoría. Esto no es ni equitativo, ni sustentable, ni inteligente.

Como se puede ver, el tema de las centrales en Aysén nos lleva hasta el corazón de los grandes problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a nuestro país. Endesa querría que percibiéramos su proyecto como algo aislado de todos estos grandes temas, algo estrictamente ‘energético’ y, además, que sucedería allá lejos, en el extremo austral de nuestro país, afectando solamente a los habitantes de esos territorios, pero somos muchos los que vemos claramente que este emprendimiento ocupa un lugar central en la ‘caja de Pandora’ de Chile, que es su modelo de desarrollo en el que estamos atascados desde que llegaron los españoles a este aislado territorio. Tenemos que ser capaces de abrirla.

El proyecto Aysén de Endesa nos ofrece la oportunidad de hacerlo, empezando por comprobar que el impacto local de la construcción de megacentrales hidroeléctricas, la política energética y el modelo económico conforman una compleja e indisoluble trenza que debe ser analizada, evaluada, y, desde nuestro punto de vista, reorientada en su conjunto.

La aprobación de Pascua Lama o un crimen de lesa patria

Como cabía apostar sobre seguro, y como es apenas natural en el depredador modelo económico vigente, la Comisión Regional del Medioambiente de Atacama aprobó el proyecto minero de Pascua Lama, que en sus diez años de vida útil le rendirá a Barrick Gold utilidades superiores a los diez mil millones de dólares por la explotación de cerca de 17 millones de onzas de oro, treinta millones de onzas de plata y cinco mil toneladas de cobre, contra una inversión de sólo mil quinientos millones de dólares.

La resolución impide la intervención de los glaciares Toro I y II y Esperanza, aspecto que le permitió al Intendente regional, Rodrigo Rojas, ufanarse del consabido funcionamiento de las instituciones, toda vez que, según sus palabras, las decisiones fueron adoptadas “por las instancias adecuadas, de manera unánime y fundada, y como resultado de un proceso transparente e informado”.

Complicidad oficial

En rigor, el examen minucioso de los antecedentes disponibles permite concluir que la reunión de la Corema no fue sino una pantomima que encubre la complicidad oficial con un imperdonable desastre ambiental, con todas las formalidades que prescribe la ley, como no podía ser distinto en la equívocada estrategia económica seguida por el gobierno, rehén y colonia de la visión cortoplacista del interés empresarial, que confunde crecimiento con desarrollo y que apunta a apropiarse impunemente de la renta de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos.

Pretender que la prohibición de intervenir los glaciares equivale a respetar la institucionalidad ambiental, no es sino una grosera simplificación que busca confundir y manipular a una opinión pública ya de por sí suficientemente desinformada.

En tal sentido, no es menor -ni casual- que la norma en la aprobación de proyectos de inversión de semejante envergadura, sea que suceda en verano, cuando el período de vacaciones relaja la resistencia de la ciudadanía organizada. Así también ocurrió, por ejemplo, con resoluciones que benefician a Celco en Nueva Aldea y Valdivia.

Enseguida, dejar intactos los glaciares no impedirá en modo alguno la contaminación de las aguas superficiales del río Huasco y las napas subterráneas del valle, con químicos tóxicos, como arsénico y cianuro, y la contaminación del aire provocada por el mercurio, típica de una explotación a tajo abierto, todo esto con incalculables consecuencias para la agricultura del Valle del Huasco, sin perjuicio de efectos colaterales en planos como la actividad cultural y el turismo.

Efectos que ninguna resolución de carácter burocrático podrá aminorar.

En otras palabras, oro para Barrick Gold y cianuro para los habitantes del Valle del Huasco.

Chiste de mal gusto

La afirmación de que la resolución de la Corema es el producto de un “proceso transparente e informado” más parece un chiste de mal gusto.

Los chilenos no conocen el oscuro expediente de Barrick Gold en materia de intervencionismo y corrupción en los doce países de cuatro continentes donde tiene explotaciones mineras, ni la manipulación de antecedentes en sus sucesivos estudios de impacto ambiental de Pascua Lama, que un organismo de escaso perfil técnico como la Corema, no está en condiciones de detectar.

Menos conocen aún el silencioso, sistemático pero eficaz trabajo de lobby, realizado durante años en nivel más alto de las autoridades de la Concertación, el que culminó con el Tratado Minero entre Argentina y Chile, firmado por los presidentes Frei y Menem, en 1997.

Menuda transparencia.

Tan falso como lo anterior es el argumento justificatorio de que el desarrollo de este proyecto minero traerá trabajo y bienestar a la región.

En primer lugar, y en virtud de pródiga legislación generada por la Concertación para la minería transnacional, Barrick Gold, por una producción anual de unas 775 mil onzas de oro, va a obtener ingentes utilidades durante varios años, sin necesidad de pagar un solo dólar de impuestos, como de hecho ocurrió en el mineral El Indio, que compró en 1994 y que explotó hasta su cierre, en 2002, siempre declarando pérdidas.

Enseguida, la propia empresa reconoce que, entre los dos países, la etapa de construcción requerirá alrededor de cinco mil trabajadores, mientras que la fase de operación, sólo mil 500.

Sin embargo, la agricultura del Valle del Huasco genera ocho mil 500 puestos de trabajo, los que podrían subir a quince mil, si mediante obras de regadío, se incorporan otras cuatro mil 500 hectáreas a la producción. Trabajo permanente, de carácter sustentable, que no agrede al medioambiente.

Política suicida

En consecuencia, resulta inevitable preguntarse la razón de esta política suicida contra el medioambiente y los intereses de la mayoría de la población.

La respuesta es sólo una: el modelo de acumulación hecho suyo por la Concertación, que le asigna a Chile el papel subordinado de proveedor de recursos naturales de escaso o ningún valor agregado, y que le obliga a abrir sus fronteras al capital transnacional, todo esto a cambio del ilusorio espejismo del crecimiento económico, estrategia que se reduce a transformar capital natural en capital financiero.

Claro, todavía queda el recurso de apelación a la Comisión Nacional del Medioambiente y al Consejo de Ministros, instancias que integrarán funcionarios de la próxima administración.

Pero tratándose de un modelo que obedece más a una lógica estructural que a la voluntad individual de los administradores del mismo, esperar un cambio sustancial en decisiones como las comentadas, es una ilusión carente de fundamento, lo que no significa en modo alguno asumir el síndrome de la derrota anunciada. Revertir una decisión tan desafortunada como la autorización al proyecto minero de Pascua Lama es posible, pero en relación de directa proporcionalidad con la fuerza, movimiento y organización que pueda colocar la ciudadanía consciente.

Fuente: www.elsiglo.cl

El Concepto de Desarrollo Sostenible

La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de recursos y de la actividad económica son objetivos fundamentales del Desarrollo Sostenible que tiene en la rigidez en la aplicación de las normas y la transformación de los modelos de desarrollo dos de los obstáculos que impiden que se cumplan ambos objetivos. Ir al artículo